En pleno mes de agosto los dos partidos mayoritarios han negociado a espaldas de los ciudadanos una reforma constitucional que se pactará en el Congreso el martes día 30 de Agosto y se votará el viernes 2 de septiembre. En pocos días nuestra constitución, que tan sólo ha sido modificada una vez, en agosto de 1992, volverá a ser modificada por orden y mandato de la banca alemana y francesa y de la UE, atentando contra la soberanía nacional española al darle el control de la política fiscal a estos organismos.
Los políticos y financieros enfocan la discusion hacía la limitación del gasto público, como una medida que, aunque dolorosa, no se hará efectiva hasta el 2020 y que se aplicará con cierta flexibilidad. Factores ambos que hacen que la sociedad no tema una medida de tan largo plazo, en un entorno en el que las circunstancias y los discursos cambian a diario, y sobre todo en un momento en el que todo el mundo está preocupado por su futuro más inmediato.
Sin embargo, se está ocultando que el punto 3 del artículo 135 propuesto impone una medida dramática que entra en vigor inmediatamente y que no admite excepciones.
En concreto, el nuevo artículo 135.3 del texto reza así: "Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública [...] y su pago gozará de prioridad absoluta", lo que, dicho de otro modo equivale a decir que el pago de la deuda tendrá prioridad frente a cualquier gasto, de modo que, si en un momento determinado existe cualquier problema de liquidez y sólo hay dinero para pagar la deuda y no para mantener los hospitales, habrá que cerrarlos en vez de demorar el pago, del mismo modo que, al no tener liquidez, no se podrían pagar las nóminas de los funcionarios o las pensiones. Los poderosos acreedores de España tendrán prioridad frente a la satisfacción de los derechos más básicos de los ciudadanos.
Esta medida no estaba en el programa electoral de ninguno de nuestros partidos.
A partir de la entrada en vigor de la reforma, el importe que el Estado debe a los funcionarios por sus nóminas, a los pensionistas por las cotizaciones de toda su vida, los gastos sanitarios y de educación, a los desempleados por sus cotizaciones y en general todo gasto no podrá ser pagado mientras no se pague a la banca que a pesar de especular con la deuda y ser los únicos que cobran "prima de riesgo" son los que tienen prioridad absoluta.
Millones de personas dejarán de percibir inmediatamente los ingresos para subsistir y el Estado no podrá garantizar ni tan siquiera los servicios públicos esenciales ya que ante cualquier problema, constitucionalmente el Estado no podrá pagar ni un euro en nóminas, pensiones, prestaciones, suministros, hasta que no PAGUE EL CAPITAL más INTERESES íntegros a los bancos, por lo que el punto 3 de este artículo 135 supone la abolición total de la Constitución ya que los demás artículos se quedan en NADA.
Por ello, queremos hacer saber a los ciudadanos que con la aprobación de esta reforma se está destruyendo la Constitución en sí misma, perjudicando al Pueblo y beneficiando a los bancos.
Exigimos que se anule la modificación del articulo 135 así como que cualquier modificación de la Constitución deba ser aprobada por los ciudadanos. Exigimos que nuestros representantes parlamentarios respeten la soberanía nacional del pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado, como establece nuestra Carta Magna, y nos consulten si estamos de acuerdo con la reforma.
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